Barcelona: el mercado inmobiliario deja sin hogar digno a 730.000 personas
El informe Foessa 2025 de Cáritas Barcelona revela una realidad que debería hacer reflexionar sobre los efectos de las políticas de vivienda restrictivas: uno de cada cuatro barceloneses sufre problemas habitacionales, afectando a 225.000 hogares y más de 730.000 personas.
Los datos, presentados por la directora del Área Social de Cáritas Barcelona, Amèlia de Juan, junto al director Eduard Sala y el arzobispo Joan Josep Omella, muestran un panorama donde el 37,7% de la población vive en situación de "integración precaria".
Cuando el mercado no puede funcionar
El problema central radica en una ecuación simple pero devastadora: los precios de vivienda crecen más rápido que los salarios. "Tener una vivienda digna y asequible parece que sea cuestión de suerte", señaló De Juan, describiendo una situación donde las fuerzas del mercado están distorsionadas por regulaciones excesivas.
El informe destaca que más del 15% de la población cae en pobreza severa tras pagar la vivienda. El alquiler se ha convertido en una "trampa de pobreza", según los investigadores, evidenciando cómo las restricciones al desarrollo inmobiliario y los controles de precios han creado escasez artificial.
La precariedad como nueva normalidad
Paradójicamente, el 57,5% de las personas en exclusión social viven en hogares donde alguien trabaja. Esta "nueva normalidad" refleja cómo las políticas públicas han fallado en crear condiciones para que el empleo garantice acceso a vivienda digna.
La población extranjera enfrenta tasas de exclusión 2,4 veces superiores, mientras que uno de cada cuatro menores vive en exclusión social. El desempleo juvenil alcanza el 14,5%, convirtiendo la meritocracia en "una broma de mal gusto", según De Juan.
¿Más Estado o más mercado?
Curiosamente, el estudio revela que dos tercios de la población considera que la administración debería dedicar más recursos a servicios sociales, y cerca del 60% estaría dispuesta a pagar más impuestos por mejores prestaciones.
Sin embargo, la experiencia barcelonesa sugiere que el problema no es falta de intervención estatal, sino regulaciones que impiden el funcionamiento eficiente del mercado inmobiliario. La escasez de oferta, agravada por normativas restrictivas, ha creado un círculo vicioso donde incluso familias trabajadoras no pueden acceder a vivienda digna.
El caso barcelonés ofrece lecciones valiosas sobre cómo las buenas intenciones regulatorias pueden generar consecuencias no deseadas, creando exactamente los problemas que pretendían resolver.