Juez español libera a ex militante socialista en caso de corrupción con medidas cautelares
El juez de la Audiencia Nacional española, Antonio Piña, dejó en libertad provisional con medidas cautelares a la ex militante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario vasco Antxon Alonso, detenidos esta semana en una operación contra la corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó únicamente comparecencias periódicas en los juzgados y la retirada del pasaporte como medidas cautelares, lo que impidió al magistrado acordar prisión provisional para los tres investigados.
Una trama que llega hasta el PSOE
Los tres detenidos llegaron en furgón policial a la Audiencia Nacional el sábado 13 de diciembre. Leire Díez, conocida como "la fontanera de Ferraz" por su presunta capacidad para solucionar problemas del entorno socialista, fue la primera en declarar.
La operación, bautizada como "Leire" en alusión a la primera detenida, se centra en una organización criminal que presuntamente se nutría de la capacidad de influencia de sus integrantes en distintas empresas públicas españolas.
Conexiones empresariales y políticas
Vicente Fernández fue elegido por el gobierno de Pedro Sánchez para dirigir la SEPI en junio de 2018, dimitiendo en octubre de 2019 al verse implicado en el caso de corrupción de la mina sevillana de Aznalcóllar, del que fue absuelto recientemente.
Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, es socio en la empresa del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Este empresario incorporó a Servinabar como directivo al expresidente de la SEPI tras su dimisión.
Alcance de la investigación
La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los investigados en estas pesquisas ascienden a más de una docena, según fuentes del caso.
Durante jueves y viernes se registraron las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, además de la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. Los agentes también requirieron documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica.
La magnitud de la actividad aún está por determinar y dependerá del resultado de los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario.
Este caso ilustra una vez más los desafíos que enfrenta España en materia de transparencia gubernamental y la necesidad de instituciones sólidas para combatir la corrupción en el sector público.