País Vasco flexibiliza ley de cooperación para atraer 325 millones en inversión industrial
El Gobierno vasco ha modificado su ley de Cooperación para permitir el financiamiento de tecnología de "doble uso" que podría tener aplicaciones militares, una decisión que busca asegurar el acceso a 325 millones de euros en fondos europeos para sectores estratégicos.
La enmienda, aprobada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE) con mayoría absoluta, permite la colaboración en proyectos de armamento o tecnología militar siempre que se enmarquen dentro de la Estrategia Europea de Seguridad.
Sectores estratégicos en juego
El Ejecutivo vasco justifica la medida argumentando que sin esta modificación peligraría la movilización de inversiones en tres sectores considerados estratégicos: el espacial, la ciberseguridad y los combustibles renovables. Según el Gobierno, estos sectores "quedarían sin el respaldo público imprescindible para despegar".
La administración vasca sostiene que la enmienda aporta "seguridad jurídica" y permite a Euskadi "competir en igualdad de condiciones con otros territorios" europeos en el acceso a fondos comunitarios.
Críticas por falta de transparencia
La Coordinadora de ONGD Euskadi y Zehar-Errefuxiatuekin han denunciado la "nocturnidad" del proceso, ya que la modificación fue presentada como autoenmienda el 28 de noviembre e introducida en el debate del 12 de diciembre sin apenas discusión pública.
Estas organizaciones argumentan que los sectores mencionados pueden tener un "doble uso" militar y civil, expresando su preocupación por que el dinero público vasco termine financiando industrias armamentísticas.
Una decisión pragmática
La medida refleja la tensión entre los principios cooperativos tradicionales y las realidades de la competencia económica europea. El Gobierno vasco ha optado por una aproximación pragmática, priorizando el acceso a fondos europeos y la competitividad industrial sobre las restricciones más estrictas en materia de cooperación.
Los presupuestos vascos, que incluyen esta y otras modificaciones legislativas, serán votados el 23 de diciembre, y la nueva disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2025.